Hace unas semanas Santos, a través del Ministerio del Interior, expidió dos decretos que buscan profundizar IMPLANTAR DE MANERA DEFINITIVA LA IDEOLOGÍA DE GENERO EN COLOMBIA de manera que se presione a la sociedad a aceptar gradualmente los cambios que naturalmente rechaza.

El primero de ellos es el decreto 410 del 1 de marzo de 2018 que, mediante el sello #aquíentrantodos, crea beneficios dirigidos a propietarios de establecimientos públicos que decidan incluir baños públicos “sin distinción de género” (es decir, donde hombres que se autoperciban mujeres podrán entrar a baños de mujeres y viceversa); mientras que a aquellos que se resistan se les puede demandar ante un juez de tutela, como ya les ha ocurrido a centros comerciales en los que se ha expulsado a parejas homosexuales de baños públicos por mantener relaciones sexuales allí.

Huelga recordar que este tipo de medidas se prestan para toda clase de abusos, incluidos abusos sexuales (ver, por ejemplo, este caso reportado en Canadá) y abusos contra niños. Particularmente frente a esta última situación, resaltamos la noticia ampliamente difundida sobre las maniobras de pederastas a las afueras de baños en establecimientos públicos (como centros comerciales y bibliotecas) para abordar a niños y realizar su cometido.

Para dar una idea al lector sobre las fundadas razones que tenemos para sospechar de los contenidos y la aplicación de esta norma, a continuación transcribimos una de las consideraciones de este decreto para que el lector discierna sobre las consecuencias que puede traer esta ideología:

"La identidad de género y la orientación sexual de las personas son conceptos que se transforman continuamente a partir de la experiencia individual y de la forma en que cada ciudadano se apropia de su sexualidad"

Si se nos permite algún comentario, diremos únicamente que si se trata de concepto en continua transformación, ¿qué impide que la sexualidad de un “trans-género”, por ejemplo, se transforme en el deseo sexual “trans-edad”, es decir de un adulto que se sienta atraído sexualmente por niños? ¿Cómo aplicar entonces este decreto?

El segundo decreto del que hablamos es el 762 del 7 de mayo de 2018, cuyo objeto consiste en adoptar la Política Pública para articular el país entero con la ideología de género y el lobby LGBT.

Este decreto, en términos generales, está orientado a “reconocer” a este colectivo ideológico, no como el grupo de presión que es, sino como una víctima histórica de la discriminación de la sociedad. Leemos afirmaciones como ésta:

"Resaltar el valor del movimiento LGBTI en su proceso de reivindicación de derechos» (numeral 1, artículo 2.4.4.2.1.5.)

Pero esto no es, ni de lejos, lo más grave. Veamos: el artículo 2.4.4.2.1.4., que trata de las metas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, traza entre otros objetivos los siguientes:

"Diseñar e implementar mecanismos para garantizar una vida libre de violencias a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con orientaciones sexuales de identidades de género diversas"

Esto quiere decir que la “defensa” del adoctrinamiento en niños -incluso contra sus propios padres- se encuentra en cabeza del Estado, que lo garantiza mediante la censura y la coacción (numeral 8), fortalecer la capacidad institucional para la territorialización de este decreto, es decir, obligar a entidades locales y regionales a implementar estas políticas concebidas desde el seno del gobierno central de Santos (numeral 11), implementar un enfoque de “orientación sexual e identidad de género” (en adelante OS/IG) en el reconocimiento y atención a víctimas LGBTI.

La implementación de la Justicia Especial para la Paz y las políticas públicas que se desarrollen en el marco del posconflicto, esto es, lo que tanto buscó desmentir la campaña por el SÍ del plebiscito ahora se materializa como política de Estado en la implementación de los nefastos acuerdos de La Habana (numeral 13). A lo anterior habría que sumar la cuantiosa suma de dinero que desembolsa la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU por $50 millones de dólares al proyecto denominado «inclusión para la paz».

Adicionalmente, durante la presentación de este decreto, funcionarios y contratistas del Ministerio del Interior admitieron públicamente que la asistencia técnica para la implementación de la política pública de ideología de género se encuentra en cabeza de la OIM.

Desde las mismas consideraciones integradas al decreto, se observa que el Estado garantiza, entre otros, el supuesto derecho de acceso «de las personas trans e intersex (…) a procesos de reafirmación genital [léase, mutilación genital] o de transformaciones corporales asistidas médicamente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud» (pretensiones que, a propósito, fueron promovidas mediante sentencias de tutela ejercidas por grupos de presión como Colombia Diversa ante la corte constitucional).

En sentido similar, se lee en el numeral 2 del artículo 2.4.4.2.1.4. que es una necesidad «incorporar el enfoque OS/IG en la prestación de servicios públicos, que atienda las especificidades de la orientación sexual, la identidad de género y la intersexualidad». Parece que no sobra advertir que en el país donde las entidades prestadoras del servicio de salud dejan morir a sus pacientes para evitar la carga económica que estos representan y donde hemos presenciado el colapso del sistema es más importante garantizar, a través de los recursos recaudados con una severa reforma tributaria, cirugías estéticas de alto coste para quienes en su delirio desean desafiar su propia naturaleza.

Para concluir, encontramos un precepto donde hallamos el fundamento por excelencia de toda ideología progresista, esto es, rehacer la sociedad mediante la fuerza del Estado sin importar el aplanamiento de la libertad de la familia y de las personas que componen la sociedad, progresar es muchas veces un eufemismo para aplastar e imponer un credo mediante la propaganda y la manipulación de las conciencias

«El Ministerio del Interior orientará a las entidades territoriales en el diseño e implementación de planes, programas, proyectos y mecanismos de planeación, para que incorporen el enfoque OS/IG para la garantía de derechos, la eliminación de todo tipo de violencias y la transformación de significados y representaciones culturales» (artículo 2.4.4.2.3.1.).

Esperamos que el nuevo gobierno escuche la voz de sus votantes y tome las medidas pertinentes para reivindicar los derechos a la libertad de educación de los padres respecto a sus hijos y para evitar que los recursos obtenidos a través del pago de nuestros impuestos beneficien a un grupo ideológico que, como éste, pretende la corrupción de nuestros hijos.