• Presidente Alejandro Linares Cantillo 
• Vicepresidente Gloria Stella Ortíz Delgado
• Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez
• Magistrado Carlos Libardo Bernal Pulido 
• Magistrada Diana Fajardo Rivera 
• Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo 
• Magistrada Cristina Pardo Schlesinger 
• Magistrado José Fernando Reyes Cuartas 
• Magistrado Alberto Rojas Ríos 
• Secretaria General Martha Victoria Sáchica Méndez

El debate que tienen en sus manos sobre la posibilidad de establecer límites temporales a la práctica del aborto es una situación que interpela las fibras éticas más profundas de la población colombiana, la cual en su inmensa mayoría espera de ustedes que actúen conforme al respeto que la dignidad de todo ser humano exige, más aún en el caso de un indefenso niño en etapa gestacional, cuya vida debería ser protegida y respetada de forma incondicional.

Como lo dice el Artículo 11 de nuestra Constitución “el derecho a la vida es inviolable”. Obviamente, nuestra Constitución se encuentra en consonancia con el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que afirma que el derecho a la vida se debe proteger desde el momento de la concepción.

Los 12 años que han transcurrido desde la despenalización del aborto en el año 2006 han mostrado el rostro más inhumano de esta práctica y de las organizaciones que se lucran con ´ñel:

• Un estancamiento en la mejora de los índices de mortalidad materna
• La degradación paulatina de los estándares éticos de un personal médico que se acostumbra a matar y a obligar a sus compañeros a hacer lo mismo
• Una mayor vulnerabilidad de la mujer con embarazos inesperados, quien ahora es susceptible de ser presionada institucional y socialmente para que cargue en soledad con el trauma de su aborto, al tiempo que desaparecen los gestos de solidaridad con ella al considerar la gente de su entorno que desaparecen sus obligaciones morales de ayuda al convertirse el embarazo en “su decisión”,
• Casos espeluznantes de infanticidios de bebés en los que seres humanos listos para la vida extrauterina son eliminados luego del nacimiento a través de dolorosas ejecuciones con inyecciones al corazón (como el de la T 388 de 2009), o son asfixiados lentamente hasta morir como lo puede atestiguar el personal de ginecología del hospital El Tunal, entre otros.

Sabemos que imponer límites a la práctica de esta práctica inhumana del aborto no es una solución ideal, ni definitiva. Pero sí podría señalar un avance significativo en la rectificación de los errores que la Corte Constitucional ha cometido a través de decisiones que en el pasado se han alineado con las expectativas de influyentes grupos de interés, antes que con el deber de custodiar la norma fundamental que hace 27 años decidieron darse los colombianos, que incluía una radical protección a la vida de todo ser humano y a la familia como institución natural.

También pedimos que se respete la decisión del legislativo de proteger la vida humana en gestación de su tráfico comercial, el cual como se develó en EE.UU.  con las investigaciones con cámara oculta de David Daleiden, bajo la apariencia de donaciones para la investigación científica, se esconde un macabro tráfico comercial de seres humanos en estado gestacional.

Por otra parte, consideramos que para que esta decisión tenga mayor transparencia, el Magistrado José Fernando Reyes debería declarase impedido en la votación de la ponencia de Cristina Pardo, debido a que en el programa de Pregunta Yamid, Reyes se declaró partidario de un sistema de plazos para el aborto sin límites, con lo cual ya manifestó un criterio global personal con el que se siente identificado, lo cual evidentemente sesga de entrada su decisión frente a los argumentos jurídicos sobre los que debe pronunciarse.